Combatir la delincuencia mediante la muerte de presuntos delincuentes es una estrategia que merece una profunda reflexión. Después de décadas de enfrentamientos armados, la criminalidad persiste, lo que demuestra que la violencia policial no puede ser la única respuesta a un problema con profundas raíces sociales.
La seguridad ciudadana no consiste en eliminar a quienes son señalados como delincuentes, sino en prevenir los delitos, apresar a los responsables y someterlos a la justicia, respetando las garantías legales.
La violencia policial no resuelve la criminalidad.
Las muertes ocurridas en supuestos intercambios de disparos deben investigarse con transparencia e independencia. La Policía Nacional tiene la responsabilidad de proteger a la ciudadanía, no de sustituir a los tribunales ni decidir quién merece vivir o morir.
Asimismo, el Ministerio Público debe garantizar que cualquier actuación irregular sea investigada y que se establezcan las responsabilidades correspondientes.
La desigualdad alimenta el problema de la inseguridad
La delincuencia también exige enfrentar factores como la desigualdad, la falta de oportunidades y la exclusión social. La educación, el empleo, la prevención y el fortalecimiento de las instituciones deben formar parte de cualquier política de seguridad sostenible.
Esto no significa justificar los delitos, sino comprender que perseguir a sus responsables y prevenir las condiciones que favorecen la criminalidad son tareas complementarias.
La seguridad ciudadana no debe medirse por la cantidad de presuntos delincuentes muertos, sino por la capacidad del Estado para prevenir delitos, proteger vidas y garantizar la justicia. Mientras esa diferencia no se comprende, el país seguirá atrapado en un ciclo de violencia que no ofrece soluciones duraderas.
